Derechos Humanos y VIH

“La protección de los derechos humanos es imprescindible para salvaguardar la dignidad humana de las personas con el VIH/Sida y para que se dé una respuesta eficaz de carácter jurídico, a las cuestiones que plantea el VIH/Sida”. Directrices Internacionales sobre VIH/Sida y derechos humanos (ONUSIDA, 1996)

Los primeros diagnósticos de VIH/Sida a comienzos de la década de los 80 dieron pronto lugar a las primeras violaciones y amenazas de violación a los derechos humanos de las personas que viven con VIH y Sida. Las denuncias sobre estos atropellos ocurrieron inicialmente en el área de la salud, sobre todo ante la negativa para atender a los y las pacientes. Más tarde, con el descubrimiento de las pruebas de anticuerpos contra el VIH, la discriminación se extendió a los ámbitos laboral, educativo, de servicios públicos y movimiento migratorio, entre otros.

Asimismo, la asociación de la incidencia del VIH con conductas supuestamente irresponsables ocuestionables (homosexuales, usuarios de drogas por vía intravenosa, trabajadores y trabajadoras sexuales) y con las minorías étnicas y nacionales, provocaron una respuesta discriminatoria y estigmatizante de una sociedad poco informada y prejuiciada. Estos atropellos masivos contra la dignidad humana, así como la necesidad de apoyar a los sectores afectados – que incluían a los transfundidos y a los hemofílicos –, generó en diversos países una movilización sin precedentes en el área de los derechos humanos, para luchar contra la discriminación. Estos antecedentes son la base de un importante trabajo que, en los últimos años, ha logrado insertar la problemática de la epidemia en el ámbito de los derechos humanos, así como ha provocado una auténtica revolución en el área de la salud pública.

Los Derechos Humanos y el VIH/Sida en la salud pública 

Al inicio de la epidemia, la preocupación oficial estaba regida fundamentalmente por una concepción policial de la salud pública. Sin embargo, la respuesta de los grupos sociales afectados en demanda de sus derechos, así como el progresivo conocimiento de las reales dimensiones de la epidemia, han ido cambiando este panorama. La acción decidida de sectores no gubernamentales, junto a la creciente disposición de los Estados y de los organismos internacionales a desarrollar una respuesta concertada a la epidemia, ha logrado progresivamente introducir la problemática de los derechos humanos de las personas con VIH y las poblaciones vulnerables en el ámbito de la salud pública.
A partir del reconocimiento de la relación entre la protección de los derechos humanos y una respuesta eficaz al VIH/Sida, se han desarrollado múltiples iniciativas locales e internacionales para abordar la lucha contra la epidemia desde una perspectiva de derechos humanos. Ya en 1988, la Organización Mundialde la Salud (OMS) recomendaba eliminar la segregación de las personas infectadas y apuntar los esfuerzos hacia el combate contra el virus, a través del desarrollo de medidas de prevención. Ese mismo año, la Asamblea Mundial de la Salud subrayó que el respeto de los derechos humanos es indispensable para la eficacia de los programas nacionales de prevención y lucha contra el Sida, e instó a los Estados miembros a que evitaran toda medida discriminatoria en la prestación de servicios, en el empleo y en los viajes.
A partir de 1990, tanto la Comisión de Derechos Humanos de la ONU como otros programas internacionales comienzan a abordar el tema del VIH desde una perspectiva de derechos humanos, recomendando a los Estados la sustitución de las políticas discriminatorias por programas educativos y preventivos. Había quedado en evidencia que la discriminación impulsa a la clandestinidad, afectando no sólo los derechos individuales sino también las posibilidades de elaborar una respuesta concertada a su propagación. La Comisión reafirmó que la discriminación por VIH o Sida está expresamente prohibida por las normas internacionales vigentes en materia de derechos humanos, ya que la expresión “o cualquier otra condición social“, que figura en las disposiciones sobre no discriminación de esas normas, “debe interpretarse en el sentido de que abarca el estado de salud, incluso el VIH y el Sida“. Es precisamente desde la perspectiva de la igualdad y la prohibición correlativa de discriminación que se ha logrado avances jurisprudenciales en muchos países – incluida Venezuela – en defensa de los derechos de las personas que viven con VIH y Sida.
En los últimos años, se han desarrollado un número considerable de cartas y declaraciones internacionales y regionales que apuntan al reconocimiento de los derechos humanos de las personas con VIH y Sida. Entre ellas, figuran la Declaración de Derechos Fundamentales de las Personas infectadas por el VIH o enfermas de Sida (Asociación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias No Gubernamentales de lucha contra el Sida, noviembre de 1989); la Declaración de Derechos y Humanidad y la Carta sobre el VIH y el Sida (Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1992); la Declaración de Dakar sobre Ética, Derecho y el VIH (PNUD, julio de 1994); la Declaración de París de la Cumbre Mundial sobre el Sida (París, 1994).
Estas declaraciones incorporan un fuerte compromiso internacional de parte de los Estados signatarios. Además, revelan la voluntad política de asumir con urgencia la problemática dela epidemia. Enparalelo, diversos países han adelantado iniciativas de reforma legislativa en materia sanitaria y de libertad de circulación, para luchar contra la discriminación por motivo de VIH/Sida.
Aún así, a pesar de la adopción de estos instrumentos declarativos, y de algunas medidas internacionales y nacionales positivas para promover y proteger los derechos humanos en lo relativo al VIH/Sida, sigue habiendo una gran distancia entre estos reconocimientos y las políticas aplicadas.

VIH/Sida y los Derechos Humanos en el siglo XXI 

Con la llegada del nuevo siglo, el VIH/Sida se ha convertido en un tema cada vez más prioritario en la agenda de las naciones, debido a la concienciación acerca de las dimensiones reales que cobra con el tiempo. Preocupa fundamentalmente la situación en África, donde la población afectada alcanza proporciones alarmantes. No menos preocupante es la situación en el resto de países, incluida América Latina, debido a la necesidad de desarrollar los programas que permitan detener su avance y luchar contra sus efectos devastadores sobre los individuos y los colectivos.
Entre el 25 y el 27 de junio de 2001, tuvo lugar por primera vez una Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema de VIH/Sida, conocido como UNGASS, en la que los derechos humanos se erigieron como uno los aspectos prioritarios en agenda. Si bien en los procesos de discusión se pudo constatar una vez más la existencia de importantes dificultades y obstáculos a la hora de diseñar respuestas acordes con la dignidad integral de las personas, como producto de esta actividad, los Estados y gobiernos (incluyendo Venezuela) adoptaron y firmaron la Declaración de Compromisos de lucha contra el VIH/Sida, en la que hay un apartado específico sobre los derechos humanos.
En tal sentido, el apartado se refiere a la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las personas con VIH y Sida; estrategias para combatir el estigma y la exclusión social, asegurar el acceso a las personas con VIH al empleo, educación, salud, prevención, tratamientos, protección jurídica, información, entre otros; estrategias que promuevan el adelanto de la mujer y el pleno disfrute de sus derechos, así como la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres, para asegurar relaciones sexuales sin riesgo y en libre consentimiento de las partes.

La situación de los Derechos Humanos y VIH/Sida en Venezuela 

En Venezuela, las personas que viven con VIH y Sida y las poblaciones vulnerables han denunciado desde los inicios de la epidemia el trato desigual que reciben por su condición. La exigencia de las pruebas de anticuerpos contra el VIH para ingresar a un trabajo, al sistema educativo, o para la permanencia en el país, son una muestra de cómo una condición de salud o la sospecha de estar infectado por VIH afectan el goce de ciertos derechos fundamentales. A su vez, viene siendo corriente la denegación de asistencia a la salud a las personas con VIH, tanto en centros públicos como privados – lo cuál es una flagrante violación al derecho a la igualdad y a la atención de salud. Las constantes denuncias destacan la resistencia de algunos médicos y enfermeras para atender a estas personas, sin importarles la gravedad del caso; así como los maltratos y arbitrariedades cuando son obligados a brindar la atención.
La discriminación en el lugar del trabajo continúa siendo otros de los problemas graves que enfrentan las personas que viven con VIH y Sida. Todavía muchas empresas, del sector público y del sector privado, exigen la prueba de anticuerpos contra el VIH. Igualmente, se continúa con la práctica de exigir las pruebas durante los controles médicos anuales. Es habitual el despido de aquellas personas que arrojan resultados positivos en las pruebas, lo que les deja sin empleo y sin seguridad social, aumentando así su vulnerabilidad por motivos económicos y de rechazo social.
En cuanto a los avances normativos, Venezuela cuenta con importantes pronunciamientos de las instancias de justicia y de otros instrumentos legales (dictámenes, pronunciamientos, resoluciones y normativas) en materia de Derechos Humanos y VIH/Sida, las cuales prohíben la discriminación por la condición de vivir con VIH en el lugar de trabajo y educación, y garantizan el acceso a la atención y los medicamentos para tratar el VIH (antirretrovirales), entre otros beneficios. Desafortunadamente, este marco legal no ha sido suficientemente divulgado por los distintos entes del Estado venezolano, y es muy poco lo que se ha realizado en los casos en que se ha denunciado su violación. Sin embargo, el reconocimiento constitucional de los derechos humanos bajo el orden jurídico anterior se erigió como una herramienta de derecho fundamental y práctica en la lucha frente a los tribunales contra la discriminación; como a su vez ocurre con las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Cuando se vulneran los derechos humanos de las personas con VIH y las poblaciones vulnerables, no sólo se afecta su dignidad, sino que se está obstaculizando su acceso a los programas preventivos. Esto provoca la desinformación y las actitudes irresponsables. A su vez, cuando las medidas sanitarias de prevención, atención médica y apoyo sanitario son de carácter coactivo, no llegan a las personas que más lo necesitan, al provocar su aislamiento.
Por ello, la promoción y protección de los derechos humanos constituye un factor esencial en la lucha contrala epidemia VIH/Sida – tanto para proteger la dignidad de las personas afectadas por la epidemia como para lograr los objetivos de salud pública asociados.
La salud y los derechos humanos se complementan y refuerzan mutuamente en todos los ámbitos, como se complementan y refuerzan mutuamente en lo relativo al VIH/Sida. Así, la manera de alcanzar los objetivos de salud pública es promover la salud para todos, en particular la de los grupos más vulnerables, y promover la plena vigencia de los derechos humanos y la dignidad de todos sin excepción.

La discriminación por Sida también es una epidemia

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